Derechos pareja de hecho Madrid: Pensión compensatoria

Derechos pareja de hecho Madrid: Pensión compensatoria

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En primer lugar, debe acreditarse la existencia de una convivencia entre las partes como pareja de hecho, registrada como tal en el registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, debemos tener en cuenta que con independencia de la normativa genérica del Código Civil, la regulación administrativa específica de esta situación es la Ley 11/2001 de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid de 19 de diciembre, puesto que carece de eficacia a efectos de derecho civil por haber sido parcialmente declarada inconstitucional en sus artículos: 4 y 5 reguladores de los derechos privados de las partes, por Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 2013, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad n° 6760/2003.

Acreditada la existencia de una relación de convivencia entre las partes el debate se centra en la siguiente cuestión:

¿Es procedente reconocer la pensión compensatoria, según se establece en el artículo 97 del Código Civil, en los casos en los que se ha producido una convivencia no matrimonial, duradera y estable en el tiempo?

Debemos precisar que tal cuestión, ya fue abordada en sentido afirmativo, entre otras, por medio de las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de marzo y 5 de julio de 2001, así como de 12 de septiembre de 2005, debiendo tenerse en cuenta la Sentencia del Tribunal Supremo, Civil, Pleno Sala 1ª del 19 de enero de 2010, en cuyo pronunciamiento 4º, se acordó: “Declarar como doctrina jurisprudencial que para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio“. Doctrina que tiene sus antecedentes en las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, de su Sección 22ª de 22 de febrero de 2002, y de su Sección 24ª, de 28 septiembre 2005, y del Tribunal Supremo sentencias de 27 de marzo y 5 de julio de 2001, 17 de enero y 17 de junio de 2003, entre otras, citadas en la Sentencia 208/2015 de la Audiencia Provincial, Civil, sección 1 del 11 de septiembre de 2015.

Asimismo, tal cuestión ha sido examinada, por el Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de noviembre de 2004, y 12 de septiembre de 2005. Del análisis de la doctrina establecida en las resoluciones indicadas, cabe deducir que la posición jurídica del Tribunal Supremo es favorable a dicha equiparación económica de las uniones de hecho y los matrimonios, a los efectos de generar pensiones compensatorias, si bien por distintos cauces, porque se acepta la teoría del enriquecimiento injusto, en razón de la aplicación analógica del derecho ( STS de 27 de marzo de 2001). También se acepta la viabilidad, en determinados casos y circunstancias, del reconocimiento del derecho establecido en el artículo 97 del Código Civil (STS de 5 de julio de 2001). En esta última resolución, y con remisión a otras sentencias del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1993 y 16 de diciembre de 1996, entre otras, se advierte que “las llamadas uniones de hecho constituyen una realidad social cuya existencia ha tenido que ser admitida, no solamente por el Tribunal Supremo, sino también por el Tribunal Constitucional (Sentencias 18 de enero y 8 de febrero de 1993 , entre otras), partiendo del reconocimiento de la plena legalidad de toda estable unión entre hombre y mujer, como manifestación del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad ( artículo 10 de la Constitución ), y la susceptibilidad de constituir con ella una familia tan protegida como la creada a través del matrimonio ( artículo 39 de la Carta Magna ), y aun siendo cierto que tales uniones no pueden ser consideradas a todos los efectos y consecuencias como realidades equivalentes a aquella otra unión matrimonial, no pueden ser aplicables, a dichas uniones, normas establecidas para el matrimonio, salvo que pudieran utilizarse y aplicarse por vía de la analogía.

Por tanto la unión de hecho es una institución que no tiene nada que ver con el matrimonio, aunque las dos estén dentro del derecho de familia, de modo que se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias. En esta sentencia del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2005 se aconseja huir de la aplicación por “analogía legis” de normas propias del matrimonio, como son los artículos 97, 96 y 98 del Código Civil . No obstante, en la misma sentencia se afirma que no debe excluirse la compensación económica, cuando proceda la aplicación del derecho resarcitorio, para los casos en que pueda darse un desequilibrio no querido ni buscado, y en los supuestos de una disolución de una unión de hecho, admitiéndose como base genérica para determinar una indemnización en una disolución de una unión de hecho la técnica del enriquecimiento injusto, no admitiéndose como tal base genérica la teoría de la fuerza expansiva del derecho, que permitiese la aplicación del artículo 97 del Código Civil.

En otro orden de consideraciones, por derivación de los principios constitucionales, se han pronunciado al respecto, diversas Leyes de determinadas Comunidades Autónomas, y ello para impedir que una de las partes de la relación tenga que soportar perjuicios injustos, pues como se ha puesto de relieve en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2001, precisamente donde se suele manifestar más la situación de anomalía es en los posibles efectos económicos derivados de una ruptura de tales uniones producido unilateralmente, y con relación a la posible indemnización atribuible al conviviente más desprotegido. Teniendo en cuenta que no existe normativa reguladora de las parejas de hecho, salvo las excepciones de los registros voluntarios en ciertas Comunidades Autónomas, no por ello debe dejarse de dar respuesta a la problemática suscitada en aquellas Comunidades que no han regulado las consecuencias económicas de la disolución de tales uniones, por lo que ha de acudirse a la fuerza expansiva del ordenamiento jurídico, a través de la aplicación analógica del derecho común del Código Civil, en los casos de unión de hecho “more uxorio”.

Así pues, según la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo, por vía de la analogía es posible aplicar el artículo 97 del mismo código, puesto que otra solución conduciría a establecer dos clases de ciudadanos, según sus Comunidades Autónomas tengan o no dictadas normativa que regule las consecuencias económicas de la ruptura de las parejas de hecho, lo cual es contrario al principio de igualdad -artículo 14 de la Constitución, precepto fundamental que es de aplicación directa e inmediata-, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 216/1991, 14 de noviembre. En consecuencia, según resulta del estudio del conjunto de dichas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, cabe concluir que es posible reconocer tal derecho a la prestación compensatoria, en favor del conviviente perjudicado una vez producida la ruptura de la pareja de hecho, si se demuestra que el cese de la convivencia se ha producido, no solamente en razón de una decisión unilateral de uno de ellos, en contra de la posición del otro, si no por común acuerdo, dada la falta de interés personal o mutuo o por una situación abocada irremediablemente a una crisis insuperable, que hace imposible la continuidad de la convivencia, so pena de, en el caso de continuar dicha convivencia, generar graves riesgos psíquicos o físicos en cualquiera de los convivientes y descendientes por causa de la conducta y la actitud del otro, o/y sus hijos. Además, es viable la aplicación analógica de la norma -artículo 97 Código Civil- en la medida que dicha unión haya sido de larga duración en el tiempo y la ruptura origine un desequilibrio en uno de los convivientes, teniendo en cuenta el status económico y social mantenido durante dicha convivencia.

En cualquier caso habrá de estarse al supuesto concreto, pues lo ideal es que existiese acreditado pacto tácito o expreso para regir las relaciones, operaciones y liquidación derivadas de esa convivencia de hecho; y en concreto para la cuestión que nos ocupa, la existencia de pactos para establecer compensaciones económicas para el caso de que tras el cese de la convivencia se produjera desequilibrio económico en uno de los convivientes con relación al otro, que implique empeoramiento respecto de su situación anterior; pues de no existir ningún pacto en la pareja de hecho sería necesaria una decisión judicial al respecto. En aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo -sentencia de 10 de febrero de 2005- cabe decir que: “El artículo 97 del Código Civil no tiene por finalidad perpetuar el equilibrio de los cónyuges, puesto que la pensión compensatoria aporta un marco que puede hacer posible o contribuir a la readaptación, siendo necesario colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura en una situación de potencial igualdad de oportunidades económicas,… de manera que tal derecho tiene un carácter relativo, personal y condicionable, y se justifica la temporalización como estímulo o incentivo indiscutible para el perceptor en orden a obtener el reequilibrio a través de la autonomía económica, entendida como posibilidad de desenvolverse autónomamente”.

Ahora bien, respecto de la duración de la pensión compensatoria, en el Fundamento de Derecho 3º, de la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011, se razona para determinar la temporalidad de la pensión compensatoria, que debe responder a un presupuesto básico consistente en la constatación de un efectivo desequilibrio económico, producido en uno de los convivientes con motivo de la separación, siendo su finalidad restablecer el equilibrio superando el empeoramiento económico en relación con la situación existente antes de la separación; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Y habiéndose probado, según se requiere en las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 y 17 de octubre de 2008, de 28 de abril de 2010 y de 4 de noviembre de 2010, que la apelante en ese caso ha tenido un empeoramiento en su situación económica, al no poder entrar en su anterior domicilio, por el cambio de cerradura, en relación a la que disfrutaba en la unión de la pareja de hecho, teniendo que pagar los gastos de su nueva residencia, comparándose dicha contingencia, con respecto a la posición que disfruta el otro conviviente de hecho, procede aceptar la pensión compensatoria cuantificada en la sentencia apelada señala el Tribunal Supremo.

No obstante, según las especiales circunstancias del caso concreto nada obsta a los Tribunales para decidir el carácter indefinido de la pensión compensatoria, como un derecho más derivado de la situación de pareja de hecho. No siendo acertado, en algunos casos fijar un límite temporal a la pensión compensatoria, remitiéndolo al fallecimiento del demandado, cuando no concurren elementos definitorios al respecto para determinar dicha limitación, pues el artículo 101 del Código Civil, dispone que la obligación de pago de dicha prestación económica se transfiere a los herederos, sin perjuicio de que si hubiera algún cambio significativo, de los previstos en los artículos 100 y 101 del Código Civil, pueda ser modificada a instancia de los obligados a satisfacerla.

Calderon Corredera Abogados