Evasión de impuestos: El gran mordisco de Apple

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La mayoría de gobiernos a menudo conceden un conjunto de ventajas fiscales -con un alto nivel de riesgo inherente-, como es el caso de Irlanda, donde la evasión de impuestos es tan dominante que cuenta con más de 5.000 asesores fiscales registrados. Cuando pensamos en la evasión de impuestos a gran escala corporativa, viene a nuestra mente el caso más reciente de Apple.

Durante décadas, el fabricante de los productos más famosos del mundo, tales como iPhones, iPads y Macs, ha venido usando las compañías denominadas Apple Sales International “ASI” y “Apple Operations Europe”, empresas que han sido registradas en Irlanda, pero con residencia fiscal en otro lugar, que sólo existe sobre el papel, según palabras de la Unión Europea. Ambas tienen derechos de propiedad intelectual de Apple para vender y operar con los productos de la compañía, bajo un acuerdo por el que las dos hacen un pago anual a la matriz “Apple Inc” en Estados Unidos para I+D y los royalties de propiedad intelectual, pagos que son deducibles de los beneficios obtenidos en Irlanda. El entramado fiscal y legal conlleva a que todas las ventas realizadas en cualquier país de la UE, sean una relación contractual con “ASI”, lo que conllevaría a que gracias a esos acuerdos con las autoridades irlandesas, Apple no pagara prácticamente nada por los beneficios obtenidos de las ventas de sus productos en Europa.  Hay que reseñar que el Impuesto de Sociedades en Irlanda es del 12.5%, uno de los más bajos de la UE, por lo que “ASI” en 2011 tuvo unos enormes beneficios que ascendieron a 16.000 millones de euros.

Acuerdos previos de valoración de precios de transferencia/ Advance pricing arrangements “APAs”

La Agencia Tributaria española define estos acuerdos previos de valoración como procedimientos basados en la confianza entre el contribuyente y la Administración tributaria con la finalidad de establecer un marco jurídico estable para las operaciones vinculadas durante una serie de períodos impositivos. Si esta confianza se rompe por la actuación de cualquiera de las partes, el sistema de APAs pierde todas sus ventajas. Por tanto, los APAs son vistos por la doctrina internacional como una fórmula para resolver de forma consensual, la problemática de los precios de transferencia entre entidades vinculadas.

Desde la década de 1920, los países han estado tratando de resolver la cuestión de la atribución de una cantidad apropiada de base imponible en su jurisdicción en el caso de actividades transaccionales fronterizas parcialmente desarrolladas dentro de su jurisdicción. En ausencia de acuerdos, estas normas son una cuestión de derecho interno y toman variedades de contenidos en todo el mundo. Todos estos acuerdos buscan compartir el mismo objetivo de tratar de calcular los beneficios que deben ser atribuidos a las actividades que tienen lugar en la jurisdicción que aplica el impuesto. Estos esfuerzos multilaterales para hacer frente a los precios de transferencia se debieron a la necesidad de evitar la doble imposición, pues como beneficio transfronterizo puede estar sujeto a impuestos de varios países. Para minimizar el referido riesgo de doble imposición y evitar disputas entre países, la comunidad internacional ha desarrollado un conjunto de normas para la asignación de ingresos entre distintas jurisdicciones. Entre estas normas se encuentra el principio de plena competencia, en inglés “arm’s lenght principle”, que en la fiscalidad internacional, es la base de los regímenes de precios de transferencia y tiene su origen en el artículo 9 del modelo de convenio de la OCDE para evitar la doble imposición entre países.

Actualmente, la imposición de precios de transferencia se rige por las directrices de la ya mencionada Convención modelo de la OCDE, que buscan evitar determinados tipos de discriminación entre inversores extranjeros y contribuyentes locales y ofrecer un nivel razonable de seguridad jurídica y fiscal, como marco en el que se puedan realizar con confianza las operaciones internacionales. Este acuerdo es usado por diversas autoridades fiscales, incluida la de Irlanda, para garantizar una aplicación coherente del principio de plena competencia. En 1991, no existían las directrices de la OCDE cuando Apple llegó a un acuerdo con las autoridades irlandesas sobre la fijación de precios. El objetivo fue acordar qué proporción de los ingresos de “ASI” y de “Apple Operations Europe” eran relevantes para la actividad de la compañía en Irlanda, esto es, qué proporción se encontraría sujeta a los impuestos irlandeses y cuál se encontraría exenta.

El ya mencionado principio fue usado por las Autoridades Tributarias irlandesas y 25 años después del encuentro, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea encabezado por la Comisaria de Competencia Margarethe Vestager, ha decidido que el acuerdo entre Apple junto con el Gobierno irlandés no era un acuerdo propio del principio de plena competencia. Por tanto, los impuestos no percibidos fueron equivalentes a una ayuda estatal y deben ser devueltos.

 

Ayuda estatal

La Comisión Europea solo puede ordenar la recuperación de una ayuda estatal ilegal por un periodo de 10 años anterior a la primera solicitud de información, que en el caso de Apple fue en 2013. La estimación de la Comisión de impuestos no percibidos por parte de “ASI” y la empresa filial irlandesa es de 13.000 millones de euros. Los intereses sobre el impuesto no pagado también deberían de ser devueltos, que según algunas fuentes podrían alcanzar los 6.000 millones de euros. Al igual que cualquier disputa fiscal, sólo el más alto Tribunal de la Unión Europea,  puede tener la última decisión final. En numerosas resoluciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha declarado que existe ayuda estatal cuando una medida nacional es financiada por el Estado o mediante fondos públicos y proporciona ventajas a una empresa, siendo selectiva y afecta al comercio entre los estados miembros y falsee la competencia. Por tanto, recogemos cuatro requisitos: que la ayuda proceda de fondos estatales, que afecten al comercio entre los Estados, que se trate de una ventaja y que ésta sea selectiva. Hasta ahora, los criterios de “ventaja” y de trato “selectivo” han sido distintos requisitos en virtud del derecho de las ayudas estatales. En el caso de Apple, la Comisión ha examinado si las medidas en cuestión otorgaban una “ventaja significativa”, en lugar de evaluar por separado la existencia de una ventaja y el carácter selectivo de la medida, como lo había hecho en decisiones anteriores.

Desde el punto de vista del Tesoro de Estados Unidos, en el contexto de las decisiones individuales de precios de transferencia, el requisito de trato “selectivo” es una barrera clave para la Comisión que debe de superar, debido a que las resoluciones individuales están siempre disponibles para cualquier contribuyente y se otorgan sobre la base de la legislación fiscal de un estado miembro.

 

Futuro

Tanto Apple como Irlanda han anunciado su intención de apelar la decisión de la Comisión Europea, por lo que la decisión de la Comisión acabará en los tribunales comunitarios.

 

Celia Pérez-Calderón Corredera

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