La reforma de las lesiones derivadas del accidente de tráfico. Un antes y un después.

La reforma de las lesiones derivadas del accidente de tráfico. Un antes y un después.

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Desde el 1 de julio corriente se supone que las conductas derivadas del accidente de tráfico han quedado despenalizadas en su vertiente de imprudencia leve, y así parece indicarlo la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/2015, de 20 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ahora bien, el galimatías legal comienza cuando la referida Disposición Transitoria Cuarta regula los juicios de faltas en tramitación, al distinguir los iniciados por hechos tipificados como delitos leves por la nueva Ley Orgánica 1/2015, de aquellos cuyos hechos resulten por esta misma Ley despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa.

A esta sinrazón no son ajenos los Juzgados de Instrucción que, como es natural, cada titular tiene su criterio personal de aplicación, con lo que el principio de seguridad jurídica se quebranta y la arbitrariedad es coto propicio para los jueces aventureros.

Según lo anterior, iniciado un procedimiento por denuncia derivada de un accidente de tráfico, con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica 1/2015, y que -actualmente- constituya un delito leve, debe tramitarse hasta su resolución por sentencia. Esto va contra todo principio de la previa existencia de una ley penal (nullum crimen sine lege), además de la lesión al principio de no retroactividad de la ley penal. Me importa poco, ahora, lo que es delito leve según la ley, lo que me importa es que, a partir de ahora, la sentencia que se dicte quedará registrada, con las consecuencias de antecedentes judiciales que ello conlleva, siendo que no puede ser tratada con la misma condición la persona denunciada con anterioridad a la vigencia de la actual Ley que la que comete la infracción durante la vigencia de la misma. Ello es, a todas luces, anticonstitucional.

De ahí que, toda conducta denunciada con anterioridad a la vigencia de la Ley 1/2015 debe estimarse despenalizada si, la misma, se hubiese tramitado por el procedimiento del Juicio de Faltas. No vale, ahora, convertir este procedimiento en un procedimiento de delito leve. Como digo, el sentido común da que el Juez Instructor archive, de manera automática e inmediata el juicio de faltas que se hubiese tramitado en su Juzgado.

A mayor abundancia, cuando en el párrafo XXXI (párrafo 12) del Preámbulo de la Ley, se indica que “en cuanto a las lesiones imprudentes se reconducen las actuales faltas por imprudencia leve a la jurisdicción civil, reconduciendo este tipo de conductas a su modalidad de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código Civil, a la que habrá de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad”.

Si, como nos dice el legislador las lesiones imprudentes se reconducen a la vía civil, ¿cómo es posible que en el apartado 1 de la DT Cuarta se indique unos hechos denunciados con anterioridad se reconducirán como delitos leves? ¿Además de no saberse qué es delito leve? Lo anterior es inconstitucional al quebrantar el artículo 14 de la CE, pues según las circunstancias personales de cada cual en el tiempo, en el procedimiento iniciado y en el Jugado al que le toque ser perseguido penalmente, será considerando de una manera o de otra, lo que prohíbe el indicado artículo. De igual manera, la Ley está infringiendo el artículo 2.2 del Código Penal -ya lo habíamos adelantado antes- al verificar una retroactividad de la actual ley a hechos cometidos con anterioridad a su vigencia.

Cuestión distinta, son los efectos que se deriven del archivo del procedimiento.

El apartado 2 de la Disposición Transitoria Cuarta indica que la tramitación de los procesos por falta “despenalizados” anteriores a la vigencia de la Ley, y que lleven aparejados una responsabilidad civil, continuarán hasta su terminación, limitándose el fallo del Juez al pronunciamiento sobre las responsabilidad civiles y costas.

Esto es una aberración legislativa y no jurídica. Y digo legislativa porque quien ha redactado esta Disposición es el legislador. Cuestión distinta es que también el Juzgador aplique la misma en su literalidad. Y digo que es una aberración porque lo dispuesto choca contra el artículo 109 del Código Penal, ya que solo la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar el daño o perjuicio. Esto es, si no hay una conducta punible no puede existir una responsabilidad civil en el ámbito penal, y el Juez no puede entrar a conocer de esa responsabilidad civil.

De otro lado, se habla de condena en costas, cuando el procedimiento de juicio de faltas no requiere de la intervención de Procurador ni de Letrado, salvo en las condiciones fijadas por el artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica la posibilidad de que las partes puedan acudir con tales profesionales. Ahora bien, ello no quiere decir que su intervención sea obligada, de ahí que, conforme al artículo 32 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de subsidiaria aplicación para lo que no prevé la LECrim, en su apartado 5, de la condena en costas quedarán excluidos los derechos y honorarios devengados por tales profesionales, salvo que el Instructor aprecie temeridad o el domicilio del defendido sea distinto a aquél en el que se haya tramitado el juicio.

Más, entendemos que el Instructor no debe pronunciarse sobre la responsabilidad civil, dado que este asunto está vedado al juzgador civil. Solo le cabe al Instructor la vía del artículo 13 respecto de la comparecencia del Auto de Cuantía Máxima, nada más, pues el mismo, no ha tenido variación en su actual regulación.

Luis Alberto Calderón Corredera

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