Plusvalía Municipal ¿Puedo reclamar?

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El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o también conocido como la “Plusvalía Municipal”, ha sido un tema que durante los últimos años ha estado permanentemente sobre la mesa, siendo objeto de un constante debate. Y en concreto, en relación con la posibilidad o no de reclamar el importe abonado a la administración.

Tal y como ya explicamos en su día, en fecha de 16 de febrero de 2017 el Tribunal Constitucional arrojó luz sobre el asunto declarando parcialmente inconstitucional dicho impuesto. En cuanto al alcance de dicha inconstitucionalidad fue, que solamente era posible reclamar el importe en aquellos casos en los que el precio de venta había sido inferior al precio de compra del inmueble. El Tribunal tomó esta decisión argumentando que en estos supuestos, el obligado a pagar el impuesto no obtenía ningún beneficio económico a la hora de vender el inmueble o bien que este beneficio era ficticio, de modo que ello contravenía uno de los principios básicos del nuestro sistema tributario, el principio de la “capacidad económica”.

Así se mantuvieron las cosas hasta el pasado  31 de octubre, fecha en la que el Tribunal Constitucional se volvió a pronunciar respecto a la Plusvalía Municipal. En concreto, en su sentencia 1020/2019 volvió a declarar parcialmente nulo dicho impuesto. Su pronunciación tiene origen en la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 32 de Madrid, que basó su acción en la contravención a los principios de capacidad económica, progresividad y no confiscatoriedad de los artículos 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

Los antecedentes de hecho de estas resoluciones se centran en la venta de un inmueble, donde se obtuvo un beneficio neto de 3.473 € respecto al precio de adquisición del mismo. El problema surgió a la hora de declarar la Plusvalía Municipal, encontrándose con que el importe a pagar era de 3.560 €, siendo éste mayor que el beneficio neto obtenido entre la compra y la venta del inmueble. En consecuencia, se resultó que la nulidad parcial declarada años atrás por el Tribunal Constitucional respecto la Plusvalía,  solamente era aplicable si no se había obtenido beneficio neto entre la compra y la venta, y en cambio, no se aplicaba a los supuestos en los que si bien se obtenía un beneficio, éste era “expropiado de facto” al pagar el impuesto.

De este modo, el Tribunal Constitucional en su sentencia de 31 de octubre declaró la nulidad parcial también para los supuestos en los que, a pesar de obtener un beneficio económico neto, éste desaparecía al pagar el importe de la Plusvalía Municipal. En cuanto a los motivos de la nulidad, han vuelto a ser los mismos de la sentencia del año 2017, añadiendo el principio de no confiscatoriedad del sistema tributario.

Dicho principio tiene su fundamento en el artículo 31 de la Constitución español, que según el Alto Tribunal se puede definir como: “no agotar la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir, lo que tendría lugar si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, con lo que además se estarla desconociendo, por la vía fiscal indirecta, la garantía prevista en el art. 33.1 de la Constitución [el derecho a la propiedad privada]”. Ello se traduce en que la cantidad que se tiene que pagar como impuesto no puede ser superior a la cantidad del rendimiento obtenido.

Por consiguiente, el alcance de dicha nulidad solamente se extiende al beneficio que se obtiene por la venta del inmueble. Con ello se quiere decir, que el límite del importe a pagar de plusvalía urbanística será el del beneficio obtenido del beneficio neto (diferencia entre la compra y la venta). A niveles prácticos, es lo siguiente:

Precio venta 205.000 € – Precio compra 200.000 € = Beneficio neto: 5.000 €
Importe devengado (plusvalía municipal): 8.000 €
Cantidad máxima exigible: 5.000 €

Está claro que la sentencia es aplicable a todos los casos futuros. Ahora bien, lo importante es saber si los límites que ha fijado la sentencia son aplicables a los casos en los que la Plusvalía Municipal ha sido abonada antes de la misma. Precisamente para ello, el tribunal ha acabado diciendo en la propia sentencia que: “únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme.”, traduciéndose en que solamente son reclamables aquellos importes de las plusvalías municipales que en fecha de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional han sido ya devengados, y que a la vez hayan sido ya reclamados ante la administración o ante el juez.

Se exige por lo tanto lo siguiente:

· Que evidentemente, se trate de un caso en el que el importe de la Plusvalía es superior al importe del beneficio neto.
· Que la plusvalía haya sido reclamada.
· Que en el caso de haber sido reclamada, no se tenga aún sentencia o resolución que no se pueda recurrir.
· Que todo lo anterior se produzca antes de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, es decir, antes de 31/10/2019.

Con todo ello, surge una duda: ¿Y qué puedo hacer si ya he pagado el importe de la plusvalía y no he reclamado? La respuesta es, “depende”.

Depende en función de cuál haya sido el método de declaración del impuesto. Con ello me refiero a que en nuestro sistema tributario existen dos formas de declarar un impuesto: liquidación o autoliquidación.

En el caso de la liquidación, solamente se dispone de un mes para reclamar, contado desde el momento en el que llega la notificación de la misma. Más allá de este mes, existen procedimientos especiales que tienen muy pocas probabilidades de éxito. No obstante, la cosa cambia si la Plusvalía Municipal se declaró mediante autoliquidación, en cuyos casos el plazo para reclamar es de 4 años desde el momento del pago.

En conclusión, hemos visto como por segunda vez en dos años, nuestro Tribunal Constitucional abre una posibilidad para reclamar el importe correspondiente a la Plusvalía Municipal. Aún así, será interesante ver cómo se comportarán los tribunales y los ayuntamientos, y cuáles serán las trabas que se pondrán de cara a la admisión de reclamaciones en relación con este tema. En definitiva, una vez más queda claro que es necesaria una reforma legislativa para acabar, de una vez por todas, con la problemática del IIVTNU.

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