Esquí: Responsabilidad de la estación en las lesiones que se producen en pista

Esquí: Responsabilidad de la estación en las lesiones que se producen en pista

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Examina la Sección 1ª de la Sala Civil del Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de febrero del 2011, número 64/2011, con relación al recurso 2209/2006 cuyo litigio trae causa en las graves lesiones sufridas por un usuario el día 3 de marzo de 2001, al impactar contra un cañón de nieve artificial que se encontraba situado en la pista de esquí debido a una previa caída de aquél, y deslizamiento por la nieve mientras esquiaba junto a su familia en la estación de La Molina, propiedad de la empresa Ferrocarrils de la Generalidad de Cataluña. Accidente por el que el usuario de la pista de esquí lesionado dedujo demanda contra dicha estación de esquí y su compañía aseguradora, en reclamación de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, más los intereses de demora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro en el caso de la aseguradora y costas.

En un principio el Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda. Fijó la indemnización acudiendo analógicamente al sistema legal de valoración del daño corporal previsto en materia de tráfico, amparándose en el que había en el momento vigente cuando se produjo el accidente tanto para la determinación del daño como para su valoración económica.

Sin embargo, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia fue recurrida en apelación tanto por la parte demandante como por las codemandadas -estación de esquí y su compañía aseguradora-. La Audiencia Provincial decidió estimar en parte únicamente el recurso formulado por la parte demandante, con el resultado de incrementar la indemnización concedida al perjudicado, manteniendo el resto de pronunciamientos de primera instancia. La sentencia confirma la responsabilidad de la titular de la estación de esquí señalando, al respecto y de manera resumida, lo siguiente:

  1. a) Que las lesiones sufridas por el esquiador fueron consecuencia directa del impacto contra el cañón de nieve artificial, tras la caída y deslizamiento por la nieve, sin que tuvieran su causa en un impacto directo contra la nieve ni en volteos, contusiones o vuelcos derivados de dicha caída.
  2. b) Que el esquiador no iba a velocidad excesiva por lo que la única causa del resultado lesivo fue la culpa o negligencia de la estación de esquí, al incrementar el riesgo inherente a la práctica del deporte del esquí mediante la instalación de un cañón de nieve artificial en un lugar de la pista -extremo lateral izquierdo, en sentido bajada- al que previsiblemente podían acceder los esquiadores en caso de las habituales caídas y consiguientes deslizamientos, sin adoptar las medidas de seguridad requeridas por ese elemento de agravación o incremento del riesgo -por ejemplo una red de contención o malla como la existente en el lado derecho de la pista-, que hubiera permitido proteger a la víctima de las lesiones que se ocasionasen con el impacto.
  3. c) La sentencia calcula la indemnización sirviéndose, por analogía, del sistema legal de valoración del daño corporal vigente en el ámbito de la circulación de vehículos a motor, si bien, a diferencia del Juzgado de Primera Instancia, la Audiencia Provincial aplica las cuantías correspondientes al año de enjuiciamiento (2004) con fundamento en la consideración de la indemnización derivada del siniestro como deuda de valor.

La empresa titular de la estación de esquí recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, articulando su recurso a través de dos motivos, interesándonos al objeto de este artículo únicamente el primero de ellos.

Aduce la estación de esquí la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso al amparo del artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Argumenta que el fallo de la sentencia recurrida comete una infracción, por violación del artículo 1902 del Código Civil, que dispone: “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Dicho precepto debe relacionarse con el artículo 1104 del Código Civil que dispone: “la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar”, ya que la sentencia recurrida aprecia la existencia de negligencia en la actuación de la estación de esquí haciendo para ello una aplicación excesiva de la denominada responsabilidad por riesgo.

Aunque la estación de esquí admite que la doctrina de la responsabilidad por riesgo es aplicable a los casos de accidentes en pistas de esquí, entiende que, valorando las circunstancias del caso la Audiencia Provincial, ha hecho una aplicación excesiva de dicha doctrina, pues, a su juicio, la colchoneta de color naranja que fue colocada en el cañón de nieve artificial contra el que impactó el actor tras deslizarse varios metros después de sufrir una caída, servía tanto de elemento de señalización, al objeto de advertir de la ubicación del citado cañón, como de elemento de seguridad, a fin de evitar lesiones en caso de impacto, sin que, en atención a lo expuesto, pueda afirmarse, como hace la sentencia, que la actuación de la recurrente fue negligente, dado que empleó toda la diligencia necesaria para prever lo razonablemente previsible.

El Tribunal Supremo desestima éste motivo señalando en relación a la responsabilidad de la estación de esquí lo siguiente:

Con relación a la aplicación de la doctrina del riesgo y sus consecuencias es preciso recordar (STS de 5 de abril de 2010, RC núm. 449/2005 con cita de otras de 6 de septiembre de 2005, 17 de junio de 2003, 10 de diciembre de 2002, 6 de abril de 2000 y, entre las más recientes, de 10 de junio de 2006 y 11 de septiembre de 2006), que la jurisprudencia no ha llegado al extremo de erigir el riesgo como criterio de responsabilidad con fundamento en el artículo 1902 del Código Civil y ha declarado que la objetivación de la responsabilidad civil no se adecua a los principios que informan su regulación positiva. Por estas razones la aplicación de la doctrina del riesgo, además de que solo es posible en supuestos de riesgos extraordinarios (riesgo considerablemente anormal en relación a los parámetros medios ( SSTS de 18 de julio de 2002, RC núm. 238/1997), no implica una responsabilidad objetiva fundada en el resultado o en el propio riesgo creado (que no tiene en encaje en el artículo 1902 del Código Civil, como declaran, entre otras, las SSTS de 25 de marzo de 2010, RC núm. 1018/2006), sino que, sin prescindir del elemento esencial de la culpa, a lo más que llega es aceptar la aplicación del principio de la proximidad o facilidad probatoria o una inducción basada en la evidencia a daño desproporcionado o falta de colaboración del causante del daño, cuando éste está especialmente obligado a facilitar la explicación del daño por sus circunstancias profesionales o de otra índole.

De esto se sigue que, al margen de cómo se distribuya la carga de la prueba, la doctrina del riesgo no elimina la necesidad de acreditar la existencia de una acción u omisión culposa a la que se pueda causalmente imputar el resultado lesivo, sin perjuicio, eso sí, de que, en orden a apreciar la concurrencia del elemento subjetivo o culpabilístico, deba de tenerse en cuenta que un riesgo mayor conlleva un deber de previsión mayor por parte de quien lo crea o aumenta.

Asimismo, también desde la perspectiva de la imputación objetiva del daño al comportamiento negligente del agente, se puede alcanzar la misma conclusión de que la existencia de un riesgo superior al normal, conlleva un mayor esfuerzo de previsión, adoptando las medidas necesarias, de tal manera que no hacerlo permite atribuir el resultado producido a dicho agente, y tener por existente el nexo causal tanto desde el punto de vista físico como desde el jurídico. En efecto, tiene dicho esta Sala que la imputación objetiva, entendida como una quaestio iuris (cuestión jurídica) susceptible por ende de ser revisada en casación ( SSTS 30 de abril de 1998, 2 de marzo de 2001, 29 de abril y 22 de julio de 2003, 17 de abril de 2007, RC núm. 1007/2007 y 21 de abril de 2008, RC núm. 442/2001), comporta un juicio que, más allá de la mera constatación física de la relación de causalidad, obliga a valorar con criterios extraídos del ordenamiento jurídico la posibilidad de imputar al agente el daño causado apreciando la proximidad con la conducta realizada, el ámbito de protección de la norma infringida, y la frecuencia o normalidad del riesgo creado frente a la existencia de los riesgos generales de la vida, entre otras circunstancias. Y en aplicación de esa doctrina, entre otras, la STS de 9 de abril de 2010, RC núm. 580/2006 -dictada en un caso de lesiones por caída de un ciclista durante la práctica deportiva-, declara que corresponde a quien conoce el riesgo derivado de una actividad (en el supuesto analizado por la sentencia, el organizador de la carrera, en el del asunto que nos ocupa, la empresa que explota las pistas, en ambos casos conocedores del riesgo de la práctica deportiva) tomar todas las medidas de seguridad que la prudencia impone para salvaguardar la integridad de los participantes, evitando en el recorrido, lugares o situaciones que presenten un riesgo particular para la seguridad de las personas, de manera que si el accidente se produce, no por la existencia de obstáculos no previstos sino por algo que era perfectamente previsible, constituye una obligación de la organizadora controlar este riesgo mediante la adopción de las medidas más beneficiosas para todos, de lo que cabe concluir en la existencia tanto de causalidad física o material como de causalidad jurídica, puesto que el daño se ha materializado a consecuencia de las condiciones en que tenía lugar la actividad, sin que hubiera interferencia de un tercero ajeno o del propio accidentado, y hay también una conducta única y negligente de la organización que ha creado un riesgo previsible que pudo ser eliminado mediante una conducta diligente, pues falta de previsión y diligencia hay en quien no pone los medios adecuados para evitar el daño teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que se estaba llevando a cabo.

El Tribunal Supremo pone de manifiesto que la sentencia no pone a cargo de la estación de esquí una responsabilidad de naturaleza objetiva en cuanto no se le responsabiliza exclusivamente por el resultado alcanzado, sino una responsabilidad de tipo subjetivo, que es el sistema común de responsabilidad de nuestro Código Civil, la cual declara tras considerar probado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 1902 del Código Civil, de daño, culpa y relación de causalidad, actuando en la apreciación de todos ellos con arreglo a la doctrina antes expuesta, incluyendo la posibilidad de imputar objetivamente el resultado a la conducta imprudente constatada y consistente en la omisión de las medidas de seguridad necesarias para prever un riesgo previsible, creado por la propia estación de esquí y distinto al que era inherente a la práctica deportiva.

En conclusión, en el presente litigio, la empresa titular de la estación de esquí no discute si, como consecuencia de la doctrina del riesgo, se aplicaron correcta o incorrectamente las reglas que disciplinan la carga de la prueba de la culpa, sino que se centra únicamente en negar, contra lo afirmado en la sentencia recurrida, que se le pueda imputar un comportamiento negligente causalmente determinante del resultado lesivo. Sin embargo, atendiendo a los hechos que la propia sentencia declara probados y que no cabe cuestionar en casación, la decisión de la Audiencia Provincial a ese respecto fue la correcta. Es un hecho acreditado que instaló un cañón de nieve en un lugar próximo a la pista, lo que, indudablemente, incrementaba el riesgo inherente a la propia práctica del esquí. Y de igual forma es acertado concluir que resultaba previsible que contra dicho elemento colisionaran los esquiadores en caso de las también previsibles, por habituales, caídas durante la práctica de este deporte, aún sin mediar culpa alguna del deportista, como fue el caso. Con esos datos, debe juzgarse como razonable la decisión de calificar como no diligente la conducta de la empresa titular de la estación pues, como en el caso mencionado del organizador de una carrera ciclista, el dueño de una estación de esquí se encuentra obligado a poner los medios adecuados para evitar el daño teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que gestiona, y con mayor motivo, cuando contribuyó a incrementar el riesgo propio de la actividad deportiva colocando en un lugar próximo a la pista un elemento artificial, rígido y duro, como un cañón artificial, que generaba riesgo evidente de lesiones en caso de colisión, incluso si esta se producía por consecuencia de un deslizamiento subsiguiente a una caída. Y siendo todo ello previsible, las caídas, las colisiones y el daño, no podía limitarse a señalizar el elemento sino que le incumbía adoptar medidas de seguridad encaminadas a evitar o a disminuir el riesgo de lesiones, lo que no hizo (el colchón naranja, por sus características -grosor insuficiente- no servía para preservar la integridad de los esquiadores en caso de impacto).

Calderon Corredera Abogados