Responsabilidad civil de los médicos: Operaciones de cirugía estética

Responsabilidad civil de los médicos: Operaciones de cirugía estética

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¿Qué responsabilidad civil es exigible a los médicos que participan en operaciones de cirugía estética? En este artículo te damos toda la información.

Debe tenerse en consideración que los médicos dedicados a la cirugía estética -como cualquier otro profesional- acumulan su experiencia no sólo con el estudio de la pura teoría, sino a través de pequeños y grandes errores o aciertos que se van sucediendo a lo largo de sus carreras profesionales una vez que son puestos dichos conocimientos teóricos en la práctica.

En la labor del médico tiene una importancia de primer orden las complicaciones que se le pueden presentar en su quehacer diario, pues averiguar el diagnóstico exacto, discernir acerca del tratamiento más adecuado, no siempre resultan tareas fáciles; pues estos profesionales se encuentran sometidos también a desaciertos, fallos y errores, consecuencia en ocasiones de las propias limitaciones de la ciencia que ejercen.

Al Derecho no le interesan esos errores, aquellos que vienen respaldados por un profesional diligente y responsable. El Derecho se ocupa de aquellos médicos que actúan sin atención, interés o dedicación suficientes, que incluso asumen tratamientos que exceden claramente su capacidad o preparación, siempre que las circunstancias que concurran en el caso concreto no le impongan otra forma de actuar claro está. Sin embargo, son los mismos patrones que se exige a cualquier otra actividad social, sea profesional o no, pues la única diferencia radica en el objeto de la actividad médica. Dicho esto, no hay que ver en el Derecho una especia de caza de brujas con bata blanca, no tienen sentido esas voces de alarma en la sociedad moderna en la que vivimos, pues lo que hay que pensar por el contrario es que una legislación que proteja eficazmente al paciente frente a las consecuencias de un acto médico irresponsable, constituye un elemento disuasorio y selectivo que tiende a elevar el nivel del ejercicio profesional.

Si atendemos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia, la sentencia de 20 de noviembre de 2009, y la de 3 de marzo de 2010 junto con la de 19 de julio de 2013 reiteran, que la responsabilidad del profesional médico es de medios y como tal no puede garantizar un resultado concreto. Obligación suya es poner a disposición del paciente los medios adecuados comprometiéndose no solo a cumplimentar las técnicas previstas para la patología en cuestión, con arreglo a la ciencia médica adecuada a una buena praxis, sino a aplicar estas técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención, y, en particular, a proporcionar al paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada intervención. Los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas. Lo contrario supondría prescindir de la idea subjetiva de culpa, propia de nuestro sistema, para poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza objetiva derivada del simple resultado alcanzado en la realización del acto médico, al margen de cualquier otra valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad y de la prueba de una actuación médica ajustada a la lex artis, cuando está reconocido científicamente que la seguridad de un resultado no es posible, pues no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual, tal y como refieren las sentencias también del Tribunal Supremo de 12 de marzo  de 2008 y 30 de junio de 2009.

Es, además, doctrina reiterada del Tribunal Supremo que los actos de medicina voluntaria o satisfactiva – operaciones de cirugía estética– no comportan por sí solas la garantía del resultado perseguido, por lo que sólo se tomará en consideración la existencia de un aseguramiento del resultado por el médico a la paciente cuando resulte de la narración fáctica de la resolución recurrida, así se deduce de la evolución jurisprudencial, de la que son expresión las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1994, 11 de febrero de 1997, 7 de abril de 2004, 21 de octubre de 2005, 4 de octubre de 2006, 23 de mayo de 2007 y 19 de julio 2013.

Es cierto que algunas sentencias de Tribunales menores se oponen a la actual vertiente de interpretación jurídica que sigue el Tribunal Supremo, al señalar éstos la distinción jurídica, dentro del campo de la cirugía, entre una cirugía asistencial, que identificaría la prestación del profesional con la locatio operarum y una cirugía satisfactiva – operaciones de cirugía estética-, que identifica aquella con la locatio operis, esto es, con el plus de responsabilidad que, en último caso, comporta la obtención del buen resultado o, dicho con otras palabras, el cumplimiento exacto del contrato en vez del cumplimiento defectuoso, siguiendo dichos Tribunales las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1997, 19 de febrero de 1998, 28 de junio de 1999, 5 de febrero de 2001 y 4 de febrero de 2002. Pues esta corriente de pensamiento se apoya en que en la medicina llamada voluntaria la relación contractual médico-paciente deriva de un contrato de obra, por el que una parte -el paciente- se obliga a pagar unos honorarios a la otra -médico- por la realización de una obra; por lo tanto, la responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso se produce en la obligación de resultado en el momento en que no se ha producido éste o ha sido defectuoso.

Lo cierto es que en estos supuestos de  operaciones de cirugía estética habrá de estarse a cada caso concreto y, en todo caso, deberá quedar probado que los resultados obtenidos en las intervenciones quirúrgico-estéticas practicadas no fueron los ofrecidos por el médico que las practicó ni los deseados por el paciente o que no fue informado expresamente, pues el consentimiento informado es presupuesto y elemento esencial de la lex artis y como tal forma parte de toda actuación asistencial, constituyendo una exigencia ética y legalmente exigible a los miembros de la profesión médica, antes con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y ahora, con más precisión, con la ley 41/2002, de 14 de noviembre de la autonomía del paciente, en la que se contempla como derecho básico la dignidad de la persona y autonomía de su voluntad. La información, por lo demás, es más acusada en la medicina voluntaria –operaciones normalmente de cirugía estética-, en la que el paciente tiene un mayor margen de libertad para optar por su rechazo habida cuenta la innecesidad o falta de premura de la misma, que en la asistencial, en tal sentido se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2005, 4 de octubre de 2006, 29 de junio de 2007, 27 de septiembre de 2010 y 20 de enero de 2011.

Calderon Corredera Abogados

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